Después de 60 años de vida, la empresa de Alcoroches conocida y querida en toda la comarca Embutidos y Jamones Ortega echa el cierre, afectada gravemente por la situación económica derivada del coste de los productos en origen, por la imparable despoblación en el territorio al que ha servido durante décadas, por las exigencias cada días más desproporcionadas de Sanidad que precisan de fuertes inversiones, y por la falta de apoyo en fin de un Estado de vocación urbana que se desgañita diciendo que la lucha contra la despoblación es su prioridad pero que, en realidad, las medidas que adopta son, muchas veces, inútiles, totalmente desfasadas y ajenas a las necesidades reales de los pequeños empresarios y autónomos que todavía tienen el valor de seguir luchando por sus negocios en el medio rural.
Para el Señorío de Molina, zona cero de la despoblación en España, el cierre de una empresa como la regentada por los Hermanos Ortega, con sesenta años de vida a sus espaldas, con carnicerías en Alcoroches, Alustante y Orihuela (en este último caso Teruel), once trabajadores en plantilla durante todo el año y un servicio móvil para medio centenar de pueblos, es un drama, pero llegado este momento habría que hacer un monumento a estas personas que han prestado más que nada un servicio de carácter social en los pueblos molineses y que, evidentemente, se han visto superados por la realidad económica y social de su entorno.
Así me vienen a la memoria algunas de las abuelas de Cubillejo, mi pueblo, que, cada semana, acudían a la compra en el camión frigorífico de los Ortega, a la puerta de su casa, con un buen surtido de productos cárnicos además de primerísima calidad y cómo este gesto, como ocurría en otra cincuentena de pueblos, les ayuda en su vida diaria de manera determinante, les evita complicaciones con sus más de ochenta años a cuestas y una vida de trabajo, y muy especialmente a aquellas que tienen su familia lejos, en Barcelona, Madrid, Valencia…. Y pienso que el golpe será muy duro para ellas, como lo ha sido para los hermanos Ortega, doloroso.
Recuerdo a mi madre, con su lista de la compra pensada durante la semana esperando el martes, por la tarde, la llegada del camión de los Ortega, a ver qué les quedaba después de su recorrido del día por una decena de pueblos y allí estaban, siempre, dispuestos a atender a sus clientas, de la mejor manera posible, ya como amigos del pueblo, a tomar recados para la semana siguiente, a suministrar el mejor embutido, echo por ellos mismos, para alegrar las meriendas de los nietos y todo ello sin tener que desplazarse hasta Molina a hacer la compra. Sí, señores de la Administración, esto es en verdad un servicio social, aunque ustedes solo lo consideren un negocio más.
Pero los Ortega, y ya no son los primeros ni serán los últimos, tienen que hacer frente a un complejo mundo administrativo, sanitario, empresarial, que considera que su negocio tiene que pagar los mismos impuestos o las mismas servidumbres en Alcoroches que en el barrio de Las Rosas de Madrid, con una única diferencia: que en ese barrio de Madrid, como en otros de Barcelona, Sevilla o Zaragoza, los índices de población son mil veces superiores, además de ser una población joven y con más recursos para consumir, pero en este Estado que establece normas y leyes contra la despoblación nadie parece, en realidad, entender nada de lo que realmente pasa en el medio rural.
Quienes elaboran muchos programas en supuesta defensa del medio rural en sus despachos capitalinos y en Bruselas son incapaces de comprender que hoy, en realidad, esos fondos estarían especialmente bien aprovechados si llegasen directamente al dueño del bar de un pequeño pueblo que es el lugar común con que cuenta la escasa docena de vecinos que viven allí todo el año y que necesitan socializar para seguir viviendo; si comprendiesen la trascendencia real de mantener abierta una pequeña tienda para esa misma docena de personas que no tienen posibilidades de desplazarse a su cabecera de comarca para hacer la compra; si pensasen en el panadero que recorre diariamente un centenar de kilómetros para vender menos de un centenar de barras de pan; si entendiesen que la pequeña farmacia rural que atiende en invierno a un centenar escaso de residentes es, en realidad, un bien público escaso que habría que cuidar por encima de todo… y para eso, y cosas parecidas, debería emplearse el dinero público.
No negaré en ningún caso el enorme, ingente podemos afirmar, esfuerzo que se está haciendo en esta comarca desde la Administración regional y provincial sobre todo con los municipios, porque es la verdad, pero la situación requiere de una acción global de años, -pensando también en los pequeños negocios y trabajadores autónomos, la inmensa mayoría-, y coordinada desde el Estado en su conjunto. Ya no valen los esfuerzos de una u otra administración por su cuenta y riesgo, por muy notables que sean, se requieren otros planteamientos más ambiciosos que solo serán posibles desde la Administración estatal y europea en coordinación con las autonomías, provincias y ayuntamientos; nos empeñamos en seguir elaborando programas, proyectos e inversiones con los mismos criterios que hace treinta años, por eso de que “como siempre se ha hecho así…” sin querer ver que nuestro medio rural ha cambiado radicalmente hasta el punto de que ahora ya es un mero problema de supervivencia para una población que ha llegado al límite en número y en edad y que, por tanto, la receta ya debe ser otra muy distinta.
El cierre del negocio/servicio social, porque eso es exactamente lo que es, de los hermanos Ortega, de Alcoroches, no es fracaso más de un proyecto empresarial, ni mucho menos, es el fracaso de una sociedad entera que no acaba de comprender lo que realmente pasa en nuestros pueblos.
