Muchos alcaldes muestran su preocupación por la situación de docenas de  inmuebles en pequeños municipios que están en ruina, o amenazan directamente con caerse y provocar un problema que, si acaba afectando a las personas, puede ser con resultados irreparables y con repercusiones serias para los ayuntamientos y sus regidores.

El abandono de los pueblos en las últimas décadas ha motivado que cientos de casas y otro tipo de construcciones estén en situación de ruina; muchas ya directamente en el suelo y solo quedan restos de paredes, otras están a punto de venirse abajo y amenazan la seguridad de los viandantes y del resto de edificaciones.

El problema es muy complejo y los alcaldes de la mayoría de los municipios afectados no cuentan con medios de ningún tipo para afrontar con prontitud y garantías una solución. De muchas de las viviendas que se encuentran en este estado de dejadez absoluta ni siquiera se conoce a los propietarios después de herencias que pasan de abuelos a nietos o vaya usted a saber;  en otros directamente resulta muy difícil contactar con los propietarios para exigir una solución rápida y eficaz; algunas ni siquiera tienen dueño.

La situación llega a tal extremo que los propietarios de estas ruinas o inmuebles en situación de ruina incumplen sistemáticamente la normativa en cuanto a los cuidados que se deben tener con este tipo de casas o solares, con su limpieza, desescombro, mantenimiento y vallado por respeto sobre todo a la seguridad, pero los ayuntamientos pequeños se ven desbordados y absolutamente limitados para exigir que se cumpla esa normativa, normativa por otro lado básica y elemental.

Esta problemática se da en docenas de pequeños pueblos de toda la provincia y en concreto en nuestra comarca, cuyos ayuntamientos no disponen de personal técnico ni de recursos económicos ni humanos para gestionar expedientes administrativos de ruina de manera rápida, mientras el peligro está en cualquier calle de cualquier lugar.

Los alcaldes están cogidos de pies y manos. Por una parte observan con enorme preocupación la situación de abandono y de peligro para sus convecinos de muchas edificaciones, pero por otra parte se ven frenados para tomar las decisiones que les marca la normativa por carecer de los más elementales medios que les permitirían actuar con prontitud, eficacia y por supuesto con respeto absoluto a la Ley, pensando siempre en evitar situaciones de riesgo ante un posible derrumbe de un tejado, una pared o cualquier otro elemento.

En ocasiones, ni siquiera es posible iniciar un expediente ni proceder a la expropiación porque no existen ni propietarios, lo cual obligaría a un Ayuntamiento a iniciar actuaciones para las que no tienen capacidad económica alguna.

Es urgente que, en estos tiempos en los que todas las administraciones dicen estar tan preocupadas por la despoblación, se adopten medidas con carácter urgente desde el Estado y fundamentalmente desde las comunidades autónomas con competencias en estas materias para que presten todo el apoyo preciso, técnico y económico en su caso, ayudando a los ayuntamientos a resolver un problema enquistado, difícil, peligroso y que quita el sueño a muchos ediles.