El restablecimiento de parte de los servicios públicos esenciales al final de confinamiento ha hecho saltar de nuevo todas las alarmas en el medio rural, especialmente en las zonas de Molina y Sigüenza, las más afectadas por la despoblación, el envejecimiento, la escasez de recursos públicos y, en fin, el abandono del, con mayúsculas, Estado.

De buenas a primeras los alcaldes de Sigüenza y Molina y los ciudadanos de esta parte de la provincia han visto como desparecían frecuencias más que necesarias del servicio de trenes hasta la ciudad del Doncel y de autobuses desde Madrid a Molina, camino de Teruel y Valencia.

Aprovechando la coyuntura del COVID-19 los mandamases de estos servicios públicos, elementales, imprescindibles para las comarcas de Sigüenza y Molina, han optado por la solución más fácil, la misma de siempre, la más sencilla para quienes toman estas decisiones desde los enmoquetados despachos de la capital: simplemente prescindir de servicios, que, sin embargo, son básicos para los ciudadanos que tienen que ir al único hospital que existe, a Hacienda o simplemente a cualquier gestión obligada en Guadalajara o Madrid.

Pero han optado por lo más fácil, prescindir de estos servicios que suponen un coste para el Estado pero que son sencillamente fundamentales para los seguntinos y molineses, y lo hacen cuando parece que por fin se tomaba conciencia del problema de la despoblación y de la necesidad imperiosa de aumentar, que no de reducir, servicios públicos básicos, como el transporte de viajeros.

Afortunadamente, el servicio de autobuses de Madrid a Molina, dirección Valencia, se ha restablecido tras algunas protestas más que justas de Molina al nivel anterior al Estado de alarma, pero la frecuencia de tren a Sigüenza sigue en el limbo y veremos qué pasa.

Lo que demuestran estos hechos puntuales sumamente significativos y graves, cuya gestión última por acción o por omisión corresponde al Ministerio del señor Ábalos, es que existe una absoluta falta de consideración hacia el medio rural más desfavorecido; que en el Gobierno de España y en quienes toman decisiones en sus más altas instancias simplemente nadie tiene en mente la realidad de la España rural desfavorecida, despoblada, envejecida, y a punto de desaparecer.

Por eso, toman estas decisiones sin pensar en nada más que la cuestión presupuestaria o de rentabilidad económica, sin saber nada de las consecuencias que acarrean estas decisiones, demostrando que no existe la más mínima conciencia de la realidad que viven amplios territorios de España y esto es lo que más debería preocuparnos: la falta de sensibilidad en las altas instancias del Estado y del Gobierno ante la despoblación.

De nada sirve que el Senado cree una Comisión sobre la despoblación; de nada sirve que se creen los comisionados contra la despoblación en las comunidades autónomas; de poco que se creen cargos específicos en el Estado para atajar este problema, si a la hora de la verdad se sigue legislando al margen de una realidad que nada preocupa al Estado, es decir, a las altas instancias de la Administración del Estado y del Gobierno de turno que, cuando adoptan medidas como las citadas aquí, nadie es capaz de pedir un momento de reflexión para evitar que se tomen decisiones tan dañinas para lo poco que nos queda en el medio rural.