El problema de la despoblación ha adquirido un peso creciente en estos últimos años dentro de la agenda social, política y mediática de España. Es un hecho constatable empíricamente que en el interior peninsular hay extensos territorios escasamente habitados por una población cada vez más envejecida y masculinizada, con salida de la población joven, caída brusca de la natalidad, sin muchos puestos de trabajo, ni adecuado acceso a servicios básicos, incluidos la sanidad y la educación. El objetivo de la Administración y de todos los Agentes que actúan en las zonas despobladas sería el romper ese círculo vicioso de pérdida de población y desmantelamiento de servicios, cambiándolo por atracción de población y refuerzo de servicios.
Ese envejecimiento poblacional y la falta de servicios contribuye de forma decisiva a la vulnerabilidad social de los grupos afectados que son el 13% de la población total que ocupan el 70% del suelo estatal, su bajo peso demográfico en absoluto debiera condicionar una merma de derechos y oportunidades respecto a los territorios más poblados, lo que lamentablemente no se respeta.
Datos: Menos del 5% de la población española vive en el 53% del territorio, con una densidad inferior a 12,5 habitantes/Km cuadrado, cantidad por debajo de la cual La Unión Europea determina que hay riesgo demográfico. Un estudio de la FEMP(Federación Española de Municipios y Provincias) revela que la mitad de los municipios españoles se encuentran en riesgo de extinción, 1.286 no superan los 100 habitantes, como la inmensa mayoría de los de nuestra querida comarca de Molina de Aragón. Estos datos comprometen la supervivencia futura de España como Estado.
Hay zonas del Estado español en las que el despoblamiento es un fenómeno claramente irreversible, sin embargo esas mismas zonas se niegan asumir que la situación actual responda a una predestinación calamitosa, no susceptible de cambio positivo alguno.
Esa dinámica de regresión demográfica sigue cebándose mayoritariamente en las zonas rurales. Y no hay que ser un gran experto para llegar al convencimiento de que esa regresión demográfica compromete seriamente el desarrollo de las zonas afectadas y la vulnerabilidad de las personas que viven en las mismas.
El mayor envejecimiento de la población trae consigo mucha soledad, la mayoría no elegida, y producida principalmente por viudedad y fundamentalmente porque los hijos ya no están al haberse marchado a la ciudad en busca de trabajo. El asilo es para muchos viejos la alternativa al hogar vacio. Si a esto añadimos la brecha digital y la falta de conectividad, todo ello hace que las relaciones sociales disminuyan y aumente el aislamiento. Una percepción que configura al medio rural como no apto para vivir, desmotivando el repoblamiento. Es la triste estampa, casi siempre inhóspita e hiriente, de los territorios despoblados.
Por otro lado el sector primario, la fuente tradicional de empleo en el medio rural, se ha ido mecanizando exponencialmente con los avances tecnológicos y esto inevitablemente ha provocado menor necesidad de mano de obra en comparación con la que había en la década de los sesenta del siglo pasado, situación que se ha acrecentado por la crisis económica y financiera que vivió nuestro país entre los años 2008 y 2014. El empleo en la agricultura se ha convertido en empleo precario, temporal y duro, lo que ha supuesto que a este tipo de trabajo solo acudan mayoritariamente personas extranjeras que en muchos casos están en situación jurídica irregular. Ese detrimento de trabajo agrícola ya es una constante histórica en las últimas décadas, mientras se ha potenciado el trabajo industrial y de servicios en los núcleos urbanos, proceso que se aceleró con el ingreso de España en la Unión Europea, debilitando de forma considerable la iniciativa empresarial rural, a pesar de no suponer grandes inversiones económicas.
Desde esa misma Unión Europea se implementan muchas medidas que no contribuyen de modo muy eficaz a crear empleo y riqueza en las zonas despobladas; un ejemplo claro de ello son las medidas relativas a la política medioambiental.
Si las ayudas de la PAC (Política Agraria Común) llegaran al agricultor que realmente vive del campo, otro gallo cantaría. Muchas de las políticas públicas que emanan de la Unión Europea o de los Estados miembro están alejadas de la verdadera realidad económica y social de las zonas afectadas. Los fondos y ayudas de estas políticas desarrollan requisitos de acceso con indicadores y baremos estándar, que colocan a empresas grandes y pequeñas en el mismo nivel. Si las ayudas estuvieran mejor repartidas contribuirían a que más gente se quedara a vivir en los pueblos pequeños. Los pequeños emprendimientos quedan excluidos de la financiación y en algunos casos, ésta llega tarde. No hay suficientes alicientes que generen incentivos para la repoblación. Hay mucha burocracia y excesiva tramitación en todos los niveles que obstaculizan el posible emprendimiento empresarial o profesional que se pudiera llevar a cabo por las personas interesadas. Son normativas que no distinguen entre grandes capitales o personas de a pie.
La despoblación, la vulnerabilidad social, la falta de oportunidades y de empleo, junto a la deficiencia en la prestación de servicios básicos e infraestructuras son fenómenos interrelacionados que generan una serie de desafíos muy significativos en las zonas rurales de España. Desafíos que requieren de estrategias integrales y coordinadas para revertir la tendencia y garantizar un futuro sostenible para estas comunidades y territorios, con la participación activa de la población local. La falta de coordinación entre las distintas administraciones puede dificultar la implementación de esas estrategias integrales contra la despoblación.
Si bien es cierto que las zonas despobladas presentan muchas desventajas para vivir, también no es menos cierto que el campo posee recursos naturales y materias primas cuyo aprovechamiento es fundamental para la producción de alimentos que contribuye y aporta al desarrollo humano lo imprescindible para poder vivir. Vivir en un entorno rural puede ser una excelente opción para quienes buscan una vida más tranquila, saludable y en contacto con la naturaleza. La menor densidad de tráfico y la menor actividad industrial, muchas veces inexistente, reducen la contaminación atmosférica y acústica. En general, el coste de la vivienda y los servicios básicos suele ser más bajo en las zonas rurales que en las ciudades. Existe un mayor sentimiento de pertenencia y arraigo, con menos estrés y soledad.
La pandemia del covid-19 ha puesto en evidencia la importancia del sector primario y consecuentemente de los pueblos, en muchas ocasiones invisivilizados, invisibilidad que proviene muchas veces de unas relaciones de Poder desiguales, donde los grupos dominantes tienen la capacidad de imponer su visión del mundo y marginar a otros, lo que se traduce en abandono estatal, falta de inversión, vulneración de derechos, exclusión social y económica y pérdida de identidad cultural en las comunidades marginadas. Los territorios con mayor capacidad de influencia, con más poder, tienen más posibilidades de obtener una mayor proporción de los recursos estatales, lo que de alguna manera perpetúa e incluso exacerba las desigualdades territoriales existentes. La distribución de la inversión estatal no es un proceso neutro, sino que está intrínsecamente ligada a las relaciones de Poder.
Nuestra comarca de Molina de Aragón ha sido claramente una zona históricamente marginada, y su baja densidad poblacional de 2 habitantes/Km cuadrado no es casualidad, y es perfectamente explicable por una insuficiencia en esas relaciones de poder que son las que marcan los derechos de un territorio frente a otros, tan profundamente excluyentes como egoístas, que se presentan muchas veces ante la opinión pública como si fuera un halo divino que tocó a un territorio para que fuese algo más que los demás no podrán ser.
Se hace imprescindible llevar a cabo acciones lideradas tendentes a desencadenar cambios tangibles respecto al actual estado de esta lacra social que es la despoblación rural para brindar una razonable calidad de vida a los habitantes de las zonas despobladas, aquejadas a menudo por insuficiencia-cuando no de ausencia- de muchas prestaciones que son esenciales para nuestra vida en común y para el propio desarrollo y equilibrio humano.
JOSÉ RAMIRO GARCÍA.
